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Tras el referéndum del 1° de octubre, en Barcelona se respiraba un clima de distensión después de que el Parlamento catalán suspendiera la declaración de independencia e hiciera un llamado al diálogo con el Gobierno de España. Pero la calma se vio alterada de nuevo con la detención de Sánchez y Cuixart, acusados de un delito de sedición por organizar manifestaciones que pudieron entorpecer el operativo policial. De ser declarados culpables, Sánchez y Cuixart se enfrentarían a penas de cárcel de hasta 15 años de prisión.